Proponen hasta 8 años de cárcel por cirugías estéticas a menores en Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Para frenar prácticas irregulares y proteger a niñas, niños y adolescentes, la diputada Magaly Deandar Robinson presentó una iniciativa que plantea sancionar con cuatro a ocho años de prisión a quien realice cirugías estéticas a menores de edad en el estado.
La propuesta incorpora el artículo 240 Bis al Código Penal de Tamaulipas, con el cual se busca impedir intervenciones sin necesidad médica y establecer consecuencias claras contra médicos o particulares que practiquen procedimientos estéticos en menores.
Deandar aclaró que solo las cirugías reconstructivas quedarían exentas de penalización, siempre y cuando exista un dictamen médico especializado y una evaluación psicológica que justifique plenamente la intervención.
“Se trata de proteger a niñas, niños y adolescentes de procedimientos innecesarios que pueden poner en riesgo su integridad”, señala el documento legislativo al destacar que el vacío normativo permite que continúen prácticas sin supervisión adecuada.
En la exposición de motivos, se hace referencia al caso de una menor de 14 años en Durango, quien falleció tras someterse a una cirugía estética sin consentimiento de sus padres, situación que encendió las alarmas a nivel nacional sobre la urgencia de legislar en este tema.
La diputada advierte que diversas clínicas y particulares ofrecen intervenciones sin controles profesionales, lo que incrementa el riesgo para los menores, quienes además se encuentran en una etapa crucial de desarrollo físico y emocional.
“Es indispensable cerrar cualquier resquicio legal que permita este tipo de intervenciones fuera del marco médico y ético”, enfatizó Deandar al justificar la necesidad de una sanción específica en el Código Penal.
La legisladora agregó que el proyecto también busca obligar a los prestadores de servicios médicos a respetar estándares de seguridad y garantizar que cualquier intervención en menores responda exclusivamente a motivos de salud.
Con esta iniciativa, se pretende fortalecer la protección jurídica de los menores de edad y evitar que continúen prácticas irregulares que puedan comprometer su bienestar.
