Mientras Luis Gerardo Illoldi atribuye la dilación a los recursos legales y asegura que la dependencia “no puede hacer nada más”, documentos aportados por la trabajadora sostienen que el expediente ya está en ejecución de un laudo firme y que ha recurrido al amparo ante presuntas omisiones de la autoridad laboral.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El caso de Marisol Uriegas hace “ruido”, se ha vuelto “mediático y reiterativo” y los numerosos amparos han contribuido a dilatarlo. Esa es la explicación ofrecida por el secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, ante los cuestionamientos por un conflicto laboral que se arrastra desde hace años.
Pero hay un problema con esa explicación.
Marisol sostiene que los amparos que ha promovido no buscan retrasar el cumplimiento del laudo: asegura que ha tenido que recurrir a ellos precisamente para conseguir que la autoridad laboral continúe con su ejecución.
El documento presentado por la trabajadora identifica el asunto como el expediente laboral 40/E03/2019, promovido por Elda Marisol Uriegas Uriegas contra Grupo Funerario del Norte S.A. de C.V.
Y contiene una afirmación que confronta directamente la narrativa de que los amparos, por sí mismos, explican el retraso.
Uriegas sostiene que el expediente ya se encuentra en ejecución de un laudo firme y afirma que ha sido “únicamente mediante amparos indirectos” como ha logrado que continúe el procedimiento, ante lo que denuncia como omisiones de la presidencia de la Junta Especial Número Tres. El mismo escrito refiere que ya hubo requerimiento de pago y embargo de bienes de la empresa, entre ellos ataúdes y urnas.
ILLOLDI: “HAY MUCHOS OTROS TEMAS QUE NO HACEN TANTO RUIDO”
Cuestionado sobre el caso, Illoldi Reyes defendió a la Secretaría del Trabajo y aseguró que las autoridades laborales han cumplido con sus obligaciones.
Pero antes hizo una distinción.
“Hay muchos otros temas que no hacen tanto ruido de expedientes que también van avanzando, que concluyen. Y bueno, en particular en este tema ya ha sido un poco mediático y reiterativo por el actuar de los actores”, declaró.
El secretario sostuvo que no existe ninguna actuación atípica de la dependencia.
“Por parte de la Secretaría del Trabajo, de las juntas local y la junta especial que lleva en este caso, ha habido todos los avances conforme a derecho corresponde. Realmente no hay ninguna situación atípica por parte de nosotros en nuestro actuar, en nuestras diligencias”, aseguró.
Pero mientras la autoridad habla de un expediente “ruidoso”, la trabajadora habla de un laudo firme que todavía intenta ejecutar.
Y esa diferencia cambia por completo el centro de la discusión.
“NO PODEMOS HACER NADA MÁS”
Illoldi Reyes atribuyó las dilaciones a los mecanismos legales utilizados dentro del procedimiento.
“Son mecanismos legales. Estrategias legales que ellos pueden optar, que son recursos de revisión, de amparo, que están previstos en la ley y ante eso nosotros como Secretaría del Trabajo no podemos hacer nada más que seguir actuando conforme a nuestros tiempos”, expresó.
El funcionario incluso reconoció la dimensión que ha alcanzado el litigio:
“Han sido ya muchísimos amparos, mucho tiempo que se ha llevado”.
Y admitió:
“Lamentablemente… dilatan el proceso”.
La pregunta, entonces, es inevitable:
¿Los amparos están impidiendo que la autoridad actúe o Marisol ha tenido que promover amparos precisamente porque denuncia que la autoridad no actúa?
El escrito de la trabajadora sostiene expresamente lo segundo.
MARISOL SEÑALA ACTUACIONES CONCRETAS DE LA JUNTA
La controversia no se queda en acusaciones genéricas.
El documento entregado por Uriegas relata actuaciones con fechas concretas.
Según el escrito, el 5 de marzo de 2026 compareció el perito valuador ofrecido por la actora para aceptar y protestar el cargo. Señala que el acuerdo fue notificado a la empresa demandada el 10 de marzo, actuación que, de acuerdo con el documento, consta en la foja 517 del expediente.
Posteriormente, Uriegas cuestionó un acuerdo del 9 de junio de 2026, mediante el cual, según su escrito, la presidenta de la Junta Especial Número Tres, Marilú Guevara Terán, admitió un perito valuador ofrecido por la empresa.
La trabajadora afirma que interpuso un recurso de revisión el 19 de junio contra esa determinación y sostiene que, pese a ello, el 23 de junio continuó la diligencia para la aceptación del cargo del perito de la demandada. Esas afirmaciones corresponden a la versión asentada por la propia actora y no, por sí solas, a una determinación judicial de ilegalidad.
ACUSA QUE LA PROPIA JUNTA ESTÁ RETARDANDO LA EJECUCIÓN
La acusación de Marisol es todavía más directa.
En su recurso sostiene que la admisión del perito de la empresa no corresponde a la etapa de ejecución y cita el artículo 968 de la Ley Federal del Trabajo para respaldar su argumento sobre la forma en que debe practicarse el avalúo de bienes muebles embargados.
En otro apartado acusa expresamente a la autoridad de estar “retardando el procedimiento de ejecución de laudo” y sostiene que la actuación cuestionada la coloca en estado de indefensión. Se trata de acusaciones de la parte actora que deberán ser resueltas por las autoridades competentes.
Ahí está el choque frontal entre ambas versiones.
El secretario dice que los recursos dilatan el procedimiento.
Marisol dice que recurre precisamente porque la autoridad dilata el procedimiento.
¿QUIÉN ESTÁ DILATANDO ENTONCES?
La respuesta no puede encontrarse simplemente contando cuántos amparos existen.
Para determinar responsabilidades habría que establecer quién promovió cada recurso, qué acto u omisión reclamó, qué autoridad fue señalada como responsable y qué resolvieron los órganos jurisdiccionales.
Porque un amparo promovido para impedir una actuación no es jurídicamente lo mismo que un amparo promovido para combatir una omisión.
Y en este caso la trabajadora afirma expresamente que ha recurrido al juicio de amparo para lograr que continúe la ejecución de su laudo.
Además, su escrito señala que para el 15 de julio de 2026 fueron programadas diligencias relacionadas con recursos de revisión contra actuaciones de la presidencia de la Junta Especial Número Tres.
EL “RUIDO” NO RESUELVE EL LAUDO
La Secretaría del Trabajo puede sostener que el asunto se volvió mediático.
Puede señalar que hace más “ruido” que otros expedientes.
Puede defender que sus funcionarios han actuado conforme a derecho.
Y puede argumentar que los recursos legales inevitablemente consumen tiempo.
Pero ninguna de esas afirmaciones responde por sí sola al punto central planteado por Marisol Uriegas:
si existe un laudo firme en etapa de ejecución, ¿por qué la trabajadora sostiene que necesita acudir una y otra vez a mecanismos legales para conseguir que se ejecute?
Ese es el fondo del caso.
No si Marisol hace mucho ruido.
No si su expediente aparece reiteradamente en los medios.
Sino por qué existe todavía algo sobre lo cual hacer ruido.
Porque cuando una trabajadora asegura tener un laudo firme y la respuesta institucional es que su caso es “mediático”, que los amparos “dilatan el proceso” y que la Secretaría “no puede hacer nada más”, la discusión deja de ser mediática.
Se convierte en una pregunta sobre la eficacia de la justicia laboral.
Y mientras el laudo no se materialice en su totalidad, el “ruido” que incomoda a las autoridades seguirá teniendo una causa concreta:
Marisol Uriegas continúa reclamando que una resolución favorable se convierta, finalmente, en justicia efectiva.
