Reinstalada sin funciones: denuncian violencia laboral y omisión judicial

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – A seis años de haber sido despedida de manera injustificada, Marisol Uriegas, extrabajadora de la empresa Grupo Funerario del Norte “Funerales Del Refugio”, continúa enfrentando obstáculos en la ejecución del laudo que le otorgó la razón en su demanda laboral.

Uriegas trabajó durante más de 16 años en Funerales del Refugio, filial de la empresa originaria de Saltillo, Coahuila, propiedad del exgobernador de ese estado, Enrique Martínez y Martínez. Fue despedida en 2019 por decisión de la gerente de zona, Luisa Salinas Zambrano, sin una justificación válida, según su testimonio.

Madre soltera y responsable de su hogar, Uriegas aseguró haber cumplido siempre con sus funciones, incluso en medio de situaciones personales difíciles. En el proceso legal iniciado tras su despido, la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo a su favor el 17 de octubre de 2023, y posteriormente, el 9 de abril de 2025, se resolvió que la empresa debía reinstalarla en las mismas condiciones en que laboraba y pagar salarios caídos, intereses y cuotas obrero patronales ante el IMSS e Infonavit, desde 2019 hasta la fecha.

Pese a esta resolución, la empresa ha incumplido con lo ordenado por la autoridad laboral. Uriegas fue reinstalada en tres ocasiones, pero en dos de ellas fue despedida de inmediato, y en la tercera, en mayo de 2025, aunque fue readmitida, se le mantiene sin asignación de tareas ni responsabilidades, lo que calificó como una forma de hostigamiento y violencia laboral.

Además, la afectada denunció que un embargo programado para el viernes 26 de septiembre contra la funeraria fue cancelado sorpresivamente por el actuario encargado, sin dar explicaciones, lo que consideró una muestra de corrupción y protección hacia la empresa por parte de autoridades laborales.

A pesar de contar con una resolución firme a su favor, persisten actos de omisión por parte de la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje, específicamente en la ejecución de laudos y medidas como embargos, los cuales están a cargo del licenciado Isidro García Valdez.

Uriegas también señaló que la dilación en el proceso ha generado consecuencias económicas graves, incluyendo deudas con instituciones como el IMSS y el Infonavit, por la falta de aportaciones patronales desde su despido.

Ante este escenario, pidió la intervención de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Derechos Humanos y del gobernador Américo Villarreal, para que se garantice el cumplimiento pleno del laudo y se ponga fin a una situación que calificó como violencia institucional y laboral.

El caso refleja no solo una prolongada vulneración de derechos laborales, sino también posibles expresiones de violencia de género institucional, al mantener a la trabajadora en una relación laboral simulada, sin funciones ni condiciones dignas, pese al mandato legal que le otorga plena razón.