Presunta farsa y conflicto de intereses en protesta contra centro de salud “La Loma” en Ciudad Victoria
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Lo que aparentó ser una protesta ciudadana contra presuntos cobros indebidos en el Centro de Salud “La Loma”, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, ha sido señalado por trabajadores y fuentes internas como una presunta farsa, presuntamente orquestada desde la estructura del IMSS Bienestar en el estado, con posibles tintes de venganza personal y encubrimiento de irregularidades.
De acuerdo con testimonios y documentos obtenidos por este medio, detrás de la movilización estarían presuntamente la doctora Paulina Bautista —actual directora del centro de salud— y el Dr. Margid Rodríguez Avendaño, coordinador estatal de IMSS Bienestar, quienes habrían autorizado la acción con el supuesto objetivo de desviar la atención pública de señalamientos en su contra.
Una figura clave en esta controversia es Antonio Urbano Medina, quien se desempeñaba como jefe de enfermería y fue presuntamente removido del cargo por no contar con título ni cédula profesional. Según versiones del personal, Urbano habría enfrentado múltiples conflictos con trabajadores, incluyendo denuncias por acoso laboral y emocional, y presuntamente por retener contra su voluntad a personal femenino bajo amenazas.
Algunos testimonios señalan que Urbano Medina presuntamente incurría en prácticas de “secuestro exprés”, sacando a enfermeras del centro de salud y subiéndose con ellas a su vehículo, supuestamente para presionarlas a cumplir órdenes de la directora. También habría protagonizado despidos arbitrarios y episodios de intimidación, de acuerdo con versiones internas.
La protesta que se llevó a cabo, en la cual se denunció un presunto cobro indebido por análisis prenupciales, habría sido impulsada por familiares del propio Urbano Medina, muchos de los cuales laboran en el mismo centro de salud. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre un posible caso de nepotismo y conflicto de intereses, ya que, según fuentes, su esposa, María Irma Alicia Trujillano, forma parte del personal activo.
También se ha señalado a la enfermera Sandra Urbano Medina, hermana de Antonio Urbano, como presunta participante activa en la organización del movimiento. Según personal del centro, existen quejas escritas en su contra por supuestos actos de acoso hacia compañeras.
Asimismo, se menciona a Concepción Urbano Medina —quien habría realizado su servicio social en ese mismo centro— y a un presunto colono que, según se reporta, sería sobrino de la misma familia, como parte de los involucrados en la movilización, lo que ha reforzado las sospechas sobre un trasfondo familiar en la protesta.
“Más que una protesta legítima, se trató de una maniobra para presionar a la administración y desviar la atención de las presuntas irregularidades dentro del centro de salud”, señaló una fuente anónima del personal médico.
También existen denuncias formales contra la directora Paulina Bautista por presunto acoso laboral y psicológico, presentadas —según se informó— ante el coordinador estatal Margid Rodríguez, la Secretaría de Salud estatal e incluso la oficina del gobernador Américo Villarreal. No obstante, trabajadores afirman que las quejas no han recibido seguimiento, y que el departamento jurídico del IMSS Bienestar habría desechado varias de ellas tras ser canalizadas presuntamente por Claudia, asistente personal del coordinador.
En el centro de la controversia también se encuentra la administradora Mariana Amar Rodríguez, quien ha sido señalada como presunta cómplice de las acciones de la directora, incluyendo un cambio de adscripción que le permitiría operar directamente desde el centro de salud. Este movimiento ha sido interpretado por algunos como un acto para favorecer intereses particulares.
Ante esta situación, trabajadores del centro han solicitado una investigación externa e imparcial que permita esclarecer los hechos y proteger la integridad del programa IMSS Bienestar en Tamaulipas, el cual, aseguran, se ha visto presuntamente afectado por intereses personales y la falta de controles efectivos.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Salud estatal ni la coordinación de IMSS Bienestar han emitido un posicionamiento oficial.
