Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El diputado local de Morena, Armando Zertuche Zuani, afirmó que cualquier funcionario o político mexicano señalado por presuntos vínculos con actividades delictivas debe ser investigado y, en su caso, juzgado por las autoridades mexicanas antes de atender solicitudes de extradición de otros países.
El legislador señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las investigaciones necesarias para determinar si existen responsabilidades penales contra servidores públicos o actores políticos involucrados en delitos como delincuencia organizada o huachicol fiscal.
“Antes de acceder a solicitudes de extradición por parte de autoridades de Estados Unidos, algunas de ellas fundamentadas, internamente en el país se debe revisar si el funcionario o político está involucrado en ilícitos relacionados con la delincuencia e incluso el huachicol fiscal”, declaró.
Zertuche Zuani respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la cooperación con Estados Unidos, aunque consideró que las investigaciones y procesos judiciales deben desarrollarse primero dentro del marco legal mexicano.
Asimismo, coincidió con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en que las personas identificadas por presuntos vínculos con grupos delictivos o actividades ilícitas deben responder ante las autoridades nacionales.
El diputado sostuvo que el Gobierno de México debe realizar una revisión exhaustiva de los casos en los que existan señalamientos o solicitudes de otro país para determinar si los involucrados cometieron delitos en territorio nacional.
“El gobierno mexicano tiene que hacer una revisión y un análisis serio que permita conocer si algunos personajes políticos han cometido delitos al interior del país. Si existen investigaciones contra personajes requeridos por otro país, se debe realizar una revisión exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del marco legal mexicano”, expresó.
Finalmente, reiteró que corresponde al Estado mexicano investigar y sancionar los delitos que se hayan cometido en el país, sin dejar esa responsabilidad únicamente en manos de autoridades extranjeras.
