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Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Secretaría de Administración del Gobierno de Tamaulipas aseguró que ninguna de las 17 secretarías ni organismos estatales ha excedido el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026, gracias a la aplicación de medidas de austeridad y control del gasto público.
La titular de la dependencia, Luisa Eugenia Manautou Galván, afirmó que las áreas gubernamentales mantienen orden y disciplina financiera, destinando los recursos únicamente a compras y servicios considerados prioritarios para su operación.
“Se mantiene un orden y una disciplina en el gasto público, utilizando el recurso para realizar únicamente las compras consideradas como prioritarias”, señaló.
Explicó que todas las dependencias y organismos descentralizados operan con base en los recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas, por lo que programan sus actividades y proyectos conforme a la disponibilidad presupuestal sin rebasar los montos asignados.
Manautou Galván destacó que las instituciones están sujetas a las disposiciones de disciplina financiera, las cuales obligan a administrar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
En cuanto a la adquisición de vehículos, indicó que no existen planes para realizar compras de unidades nuevas durante lo que resta del año, salvo las utilizadas por funcionarios de primer nivel mediante esquemas de arrendamiento.
Precisó que actualmente el Gobierno del Estado cuenta con 22 vehículos arrendados para titulares de dependencias, y en caso de requerirse una renovación del contrato o un nuevo proceso, corresponderá a la Secretaría de Finanzas llevar a cabo la licitación correspondiente.
La funcionaria añadió que la mayor parte del presupuesto se destina a la compra de insumos básicos y a la contratación de servicios indispensables para el funcionamiento diario de las dependencias, entre ellos materiales de limpieza y otros productos de operación ordinaria.
Con estas medidas, el Gobierno de Tamaulipas busca mantener finanzas sanas y evitar déficits que comprometan la viabilidad económica de la administración pública estatal.
