México solicita extradición de Cabeza de Vaca; exgobernador afirma que no puede ser detenido
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Gobierno de México tramitó ante autoridades de Estados Unidos la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; sin embargo, el exmandatario aseguró que cuenta con una suspensión definitiva que impide su entrega.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas que la petición fue presentada ante la Embajada de Estados Unidos en México, aunque no detalló la fecha del trámite.
Fuentes federales señalaron que la Fiscalía General de la República solicitó gestionar la extradición con base en la primera orden de aprehensión girada en 2022 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cabeza de Vaca enfrenta además señalamientos por defraudación fiscal.
Hasta el momento no existe información pública que confirme que el Gobierno de Estados Unidos haya iniciado formalmente el procedimiento de extradición, ni se ha precisado si la solicitud se sustenta en la orden emitida el 4 de octubre de 2022 o en la del 14 de febrero de 2024.
A través de un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, el exmandatario panista sostuvo que no puede ser extraditado debido a que cuenta con una suspensión definitiva vigente dentro del juicio de amparo que promovió.
Indicó que interpondrá un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito para que la determinación sea analizada bajo criterios de constitucionalidad y legalidad. Asimismo, aclaró que la suspensión mantiene sus efectos mientras no sea revocada por la autoridad competente y hasta que exista una resolución firme.
Los abogados del exgobernador negaron que exista algún avance concreto en el proceso de extradición en Estados Unidos, país donde reside desde 2022.
En reiteradas ocasiones, Cabeza de Vaca ha señalado que enfrenta una persecución política por su postura como opositor al Gobierno de México.
El proceso permanece abierto tanto en instancias judiciales mexicanas como en el ámbito diplomático, a la espera de definiciones legales.
