Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La judicialización de carpetas de investigación y la vinculación a proceso de exfuncionarios han permitido evitar que las denuncias por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos cometidos durante la anterior administración estatal prescriban, aseguró el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Andrés Norberto García Repper Fávila.
El funcionario explicó que, conforme avanza una investigación y se realizan actuaciones procesales, los plazos legales de prescripción se interrumpen, por lo que descartó que exista riesgo de que las denuncias relacionadas con el llamado sexenio cabecista queden sin efecto por el transcurso del tiempo.
«Prescriben cuando no haces nada, pero cuando estás haciendo actividades, no prescriben», afirmó.
García Repper Fávila señaló que, aunque algunos expedientes pueden prolongarse incluso más de un sexenio debido a su complejidad, las investigaciones continúan avanzando mediante diligencias ministeriales y judiciales.
Indicó que estos casos requieren una amplia labor de investigación financiera y patrimonial, además de la colaboración de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y, en algunos casos, de autoridades de Estados Unidos, para obtener información relacionada con cuentas bancarias, movimientos financieros y patrimonio de los investigados.
«Se batalla, es un tema de mucha investigación de gabinete que, por consecuencia, lleva tiempo», expresó.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción comentó que las indagatorias incluyen el análisis de denuncias, cuentas bancarias, relaciones patrimoniales, familiares, presuntos prestanombres y posibles operaciones realizadas incluso en el extranjero o mediante paraísos fiscales, con el propósito de acreditar la probable comisión de delitos.
Aunque evitó revelar el número de carpetas de investigación abiertas contra exservidores públicos, sostuvo que todas continúan en integración y sin riesgo de prescribir.
El fiscal destacó que recientemente dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Salud, han presentado nuevas denuncias por presuntas irregularidades, incluyendo una relacionada con la supuesta adjudicación ilegal de contratos por un monto superior a 343 millones de pesos, asuntos que también forman parte de las investigaciones que mantiene abiertas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
