Fiscalía abre expediente contra Lucía Aimé Castillo por presunta retención de salarios y peculado

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas confirmó la apertura de una investigación en contra de Lucía Aimé Castillo Pastor, exsecretaria de Educación del estado, por la presunta retención de salarios y posible peculado en agravio de un docente que, según la denuncia, figura en nómina desde 2017 sin haber recibido pago alguno durante más de siete años.
La denuncia fue presentada por el maestro Geovanni Vladimir Chávez Soto, quien asegura haber sido registrado como trabajador activo de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) desde 2017, sin percibir sueldo desde 2018.
El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco calificó el caso como “curioso y atípico”, y confirmó que la denuncia también involucra a Gerardo Rodríguez Salazar, actual funcionario de la SET. “Ya comenzamos a recabar la información. El denunciante afirma que ha estado en nómina sin percibir sueldo desde 2018. Es un caso complejo porque involucra dos administraciones”, explicó el fiscal.
La Fiscalía solicitó ya a la SET documentación preliminar como registros de nómina, comprobantes de pago y expedientes sindicales, con el objetivo de determinar si el caso se circunscribe a una omisión administrativa o si existen elementos suficientes para configurar delitos penales como peculado o abuso de funciones.
Irregularidades históricas
Lucía Aimé Castillo encabezó la Secretaría de Educación durante los primeros años del actual sexenio de Américo Villarreal Anaya. Su gestión fue objeto de múltiples señalamientos por presuntas irregularidades administrativas, rezagos en el pago a docentes, contrataciones bajo escrutinio y conflictos con diversas secciones sindicales.
Durante su administración, la SET recibió al menos dos observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, particularmente relacionadas con el manejo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), lo que ya había generado dudas sobre el control en la administración del recurso humano y financiero del sector educativo.
Investigación sin plazo definido
El fiscal Govea Orozco aclaró que, debido a la abundante información proporcionada por el denunciante y la complejidad del caso —que incluye registros de diferentes administraciones, cambios de jefaturas y posible colusión sindical—, no se ha establecido un plazo fijo para la conclusión de la investigación.
“La investigación se desarrollará con objetividad. No descartamos ninguna hipótesis. Podría tratarse de una omisión administrativa grave o de un mecanismo deliberado de desvío de recursos”, sostuvo Govea.
Mientras tanto, la Secretaría de Educación colabora con la entrega de documentos requeridos por la Fiscalía, y se prevé que en las próximas semanas se cite a exfuncionarios y posibles testigos para deslindar responsabilidades.
Este caso podría sentar un precedente importante en materia de responsabilidad administrativa y penal dentro del sistema educativo de Tamaulipas, en un contexto donde la transparencia en el manejo de recursos públicos ha sido reiteradamente cuestionada.