Fiscal Eduardo Govea rechaza señalamientos y presenta postura jurídica sobre caso de 2002

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El fiscal general de Justicia del Estado, Eduardo Govea Orozco, difundió un posicionamiento oficial en el que calificó como falsas las versiones recientes que lo relacionan con hechos ocurridos en 2002, y expuso una serie de precisiones jurídicas sobre su situación en aquel caso.
Govea Orozco afirmó que nunca participó en la liberación de Rogelio González Pizaña, alias “El Kelín”, señalando que las actuaciones correspondientes fueron atribuidas únicamente al Ministerio Público federal, sin intervención de la entonces Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, donde él laboraba.
Indicó que en febrero de 2002 fue detenido junto con otros servidores públicos de manera “ilegal y arbitraria”, sin que existiera evidencia en su contra, y que los procesos iniciados no contaban con sustento jurídico.
El fiscal explicó que en septiembre de ese mismo año el Poder Judicial Federal ordenó su libertad absoluta mediante una resolución firme que determinó la inexistencia de elementos para mantenerlo vinculado a proceso. Señaló que su liberación no fue condicionada y que el caso quedó cerrado de manera definitiva.
Añadió que en diciembre de 2002 fue reinstalado en su cargo por la Procuraduría General de Justicia del Estado, que reconoció la improcedencia de su detención y restituyó las percepciones que dejó de recibir. En 2003, dijo, fue también absuelto de cualquier responsabilidad administrativa por la Contraloría Gubernamental.
Govea Orozco sostuvo que desde entonces ha continuado su carrera institucional bajo procesos de evaluación, controles de confianza y certificaciones establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que estos mecanismos son incompatibles con cualquier tipo de vínculo con la delincuencia.
El fiscal señaló que las versiones difundidas contradicen resoluciones judiciales firmes que determinaron su inocencia y que quien afirma lo contrario “actúa con dolo”. Concluyó que su compromiso es fortalecer el sistema de justicia en Tamaulipas y que continuará desempeñando sus funciones conforme a la ley, la ética y la institucionalidad.