Aprueban arresto domiciliario para mujeres jefas de familia que cometan delitos en Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Las mujeres jefas de familia en Tamaulipas que enfrenten sentencias por delitos del fuero común podrán cumplir su condena bajo arresto domiciliario, luego de que el Congreso del Estado aprobara una reforma al Código Penal local.
La modificación al artículo 108 Bis fue impulsada por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, con el objetivo de reducir el impacto social y familiar que implica el encarcelamiento de mujeres con hijos o personas dependientes a su cargo.
La diputada Lucero Deosdady Martínez López, promovente de la iniciativa, explicó que la reforma busca aplicar un enfoque de justicia con perspectiva de género, reconociendo las consecuencias negativas que la prisión tiene sobre los menores. “Los efectos nocivos de la prisión afectan no solo a las mujeres, sino también a niños y niñas que viven en reclusión o quedan bajo el cuidado de terceros, muchas veces en condiciones adversas”, señala el dictamen aprobado.
Actualmente, en Tamaulipas hay 188 mujeres procesadas o sentenciadas por delitos del fuero común. De acuerdo con el diagnóstico presentado ante el Congreso, muchas de ellas son madres solteras, viven en situación de pobreza y carecen de acceso a servicios básicos como salud, educación o redes de apoyo.
El estudio que respaldó la reforma subraya que el encarcelamiento de mujeres genera un impacto familiar desproporcionado en comparación con los hombres. Mientras que ellas suelen encargarse del cuidado del hogar cuando su pareja va a prisión, en sentido contrario, sus hijos terminan institucionalizados o en situación vulnerable cuando son ellas quienes son privadas de la libertad.
El dictamen también advierte que muchas mujeres no logran acceder a medidas alternativas como el pago de multas o la libertad condicional debido a sus condiciones económicas o a la imposibilidad de cumplir con los requisitos por sus responsabilidades familiares.
La reforma fue aprobada tanto en lo general como en lo particular, y representa un paso hacia la humanización de la justicia penal en el estado, al permitir que mujeres responsables de delitos puedan cumplir sus sentencias sin desintegrar el núcleo familiar.
