Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Tamaulipas, Igor Mendoza Ruiz, reconoció deficiencias en la infraestructura penitenciaria del Estado, pero sostuvo que las inspecciones realizadas no han encontrado evidencia de llamadas de extorsión desde el interior de los penales.
El funcionario respondió así a los señalamientos atribuidos a gobernadores de otras entidades sobre presuntas extorsiones telefónicas originadas en centros penitenciarios tamaulipecos, particularmente en el de Altamira.
“Habría que demostrarlo, porque cuando hay, yo lo que les estoy diciendo, se hacen revisiones. No se han encontrado”, declaró.
Mendoza Ruiz afirmó que desconoce si existen denuncias formales relacionadas con estos señalamientos, pues esa información corresponde a la Fiscalía.
Al ser cuestionado sobre las condiciones de los penales, reconoció que el principal problema es el deterioro de las instalaciones y la necesidad de mayores inversiones.
“La infraestructura, la infraestructura. Esa es una de las cosas que se tiene que invertir”, admitió.
También confirmó que existe un proyecto para retomar la construcción del centro penitenciario inconcluso de Ciudad Victoria, aunque reconoció que el inmueble presenta deterioro y requerirá nuevos recursos.
Sin embargo, no precisó montos de inversión ni una fecha para reanudar los trabajos.
Respecto a las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostuvo que las deficiencias penitenciarias no son exclusivas de Tamaulipas, sino que representan una problemática nacional.
Informó que personal de la CNDH inspeccionó esta semana los centros penitenciarios de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Güémez, como parte de la elaboración del diagnóstico correspondiente a 2026.
El subsecretario no adelantó los resultados de las inspecciones ni identificó cuál de los penales tamaulipecos presenta las peores condiciones.
Sobre fotografías que presuntamente exhiben irregularidades dentro de los CEDES, tampoco confirmó su autenticidad y pidió presentar las denuncias correspondientes.
Asimismo, reconoció la presencia de personas privadas de la libertad con enfermedades crónico-degenerativas y cáncer, aunque no proporcionó cifras.
Mendoza Ruiz insistió en que las revisiones de seguridad son periódicas y que cualquier señalamiento sobre extorsiones o violaciones a derechos humanos debe investigarse, mientras que las deficiencias de infraestructura requieren inversión para su atención.