Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Al menos una quinta parte de las personas recluidas en Tamaulipas acumulaba entre uno y dos años de espera para que se resolviera su situación jurídica, debido al rezago de expedientes y retrasos en la programación de audiencias.
El magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal, Ignacio García Zúñiga, reconoció que durante una revisión de expedientes se detectaron procesos que permanecían sin resolución por largos periodos, incluso tratándose de personas privadas de la libertad.
“Vimos casos de gente privada de la libertad que ya tenían más de un año sin atender”, declaró.
El juzgador señaló que estos asuntos requieren atención prioritaria, debido a que los retrasos judiciales afectan directamente a quienes permanecen encarcelados mientras esperan una determinación sobre su situación legal.
“No es lo mismo que estés en libertad a que estés en prisión”, subrayó.
García Zúñiga indicó que el problema también se presenta a nivel nacional, donde más de 122 mil personas permanecen encarceladas sin una resolución judicial o sentencia firme, cifra que, según expuso, representa el 44.3% de la población penitenciaria.
Advirtió que la prisión preventiva oficiosa y la falta de resoluciones oportunas contribuyen a la sobrepoblación penitenciaria y generan riesgos de vulneración a los derechos humanos.
En Tamaulipas, explicó que el Poder Judicial implementó una estrategia para abatir el rezago mediante la agilización de audiencias y resoluciones en segunda instancia, donde también existía una acumulación considerable de expedientes.
Recordó que anteriormente algunas audiencias que legalmente debían celebrarse en un plazo de 15 días eran programadas hasta tres meses después, lo que provocaba inconformidad entre los usuarios del sistema de justicia.
El magistrado aseguró que actualmente las audiencias se celebran dentro de los plazos establecidos por la ley y sostuvo que ya no existen asuntos pendientes de resolución fuera de los términos legales.