Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Un total de 91 elementos de la Guardia Estatal han sido sancionados durante 2026 por diversas faltas administrativas, mientras que tres policías fueron judicializados por presunta extorsión en el ejercicio de sus funciones, informó el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero.
El funcionario explicó que los procedimientos disciplinarios inician como faltas administrativas; sin embargo, cuando existen elementos que pudieran constituir un delito, los casos son turnados a la autoridad ministerial para su judicialización.
“Nosotros catalogamos las faltas administrativas. Si ya hay necesidad de que entren en el aspecto de delito, entonces, a denuncia de las partes, se trasladaría para judicializar”, señaló.
Precisó que los tres casos judicializados registrados en lo que va del año corresponden a presuntos actos de extorsión cometidos por policías durante el desempeño de sus funciones.
“Gracias a que la ciudadanía ha entendido la importancia de no quedarse callada ante alguna mala actuación de los elementos policiacos, se procedió a denunciarlos”, afirmó.
Pancardo Escudero destacó que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene campañas permanentes para fomentar la denuncia ciudadana, incluso de manera anónima y mediante plataformas digitales, con el propósito de actuar de inmediato contra cualquier servidor público que incurra en irregularidades.
Asimismo, reconoció que algunos elementos también han sido sancionados por hechos ocurridos fuera de servicio, principalmente al intentar identificarse como integrantes de la Guardia Estatal para evitar sanciones durante operativos de alcoholimetría.
“Ha habido algunos casos de elementos que, estando francos, han pretendido eludir su responsabilidad diciendo que pertenecen a la Guardia Estatal”, indicó.
El secretario confirmó que del 2024 a la fecha alrededor de 200 integrantes de la corporación han sido sancionados por faltas administrativas, tanto por conductas cometidas durante el servicio como fuera de su jornada laboral, reiterando que la dependencia mantiene una política de cero tolerancia ante actos de abuso o corrupción dentro de la institución.
