Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Este jueves, la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje ejecutó un embargo de bienes en contra de la empresa Funerales del Refugio, filial del Grupo Funerario del Norte, luego de que la compañía incumpliera el pago de un laudo laboral a favor de Marisol Uriegas, trabajadora de la firma.
La medida se llevó a cabo tras la presión pública ejercida por la propia Uriegas, quien denunció repetidas irregularidades en el cumplimiento de la resolución que ordena el pago de más de 700 mil pesos por salarios caídos y prestaciones laborales.
Durante el operativo, personal de la Junta procedió al embargo de ataúdes y otros bienes ubicados en el inmueble de la funeraria, como parte del proceso para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, se informó que la empresa promovió un amparo judicial para frenar al menos tres embargos pendientes relacionados con este caso.
Uriegas fue despedida en 2019 tras 16 años de laborar para la funeraria, y desde entonces ha enfrentado una batalla legal prolongada para lograr el reconocimiento de sus derechos laborales. Aunque ha recibido sentencias favorables, denunció que el cumplimiento ha sido parcial, irregular y, en algunos casos, anulado sin justificación.
En diversas ocasiones fue reinstalada en su puesto, pero retirada de inmediato o sin asignación de funciones, situación que ha denunciado como una forma de hostigamiento laboral y posible violencia institucional por razón de género.
Además, acusó actos de omisión y posible corrupción al interior de las instancias laborales, señalando directamente al actuario encargado de un embargo anterior —cancelado sin explicación— y al titular de la Junta Especial, Isidro García Valdez, por la falta de ejecución oportuna de las resoluciones.
Uriegas también ha reportado afectaciones personales y económicas derivadas del prolongado proceso, incluyendo deudas con el Infonavit y el IMSS, ante la falta de ingresos estables. Ante ello, ha solicitado la intervención de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Derechos Humanos y del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya.
Este caso refleja los retos que aún enfrentan muchas trabajadoras en México para hacer valer sus derechos, incluso ante fallos judiciales a su favor, y pone en la mira la eficacia y transparencia de los mecanismos de justicia laboral.
