
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Un funcionario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), adscrito a la Delegación Tamaulipas, fue inhabilitado durante 10 años por simular un convenio con una persona fallecida para transferir a una empresa un apoyo de 330 mil pesos destinados al programa de riego tecnificado.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el servidor público, identificado como Eduardo M., incurrió en la irregularidad durante 2018, cuando utilizó un documento presuntamente celebrado con una persona que ya había muerto para ceder el beneficio económico a una empresa identificada como R.
Tras la investigación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó imponer una inhabilitación de 10 años al funcionario y de un año a la empresa involucrada.
Además, estableció una sanción económica solidaria de 330 mil pesos para ambos responsables.
El caso forma parte de una serie de resoluciones por faltas administrativas graves detectadas en distintas dependencias federales.
Entre ellas destaca la sanción contra Caleb B., funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Morelos, quien fue inhabilitado durante 10 años y recibió una sanción económica de 119 millones de pesos por omitir la defensa jurídica de cuatro demandas laborales, lo que ocasionó condenas de pago contra la institución.
También fueron sancionados dos funcionarios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, con una indemnización solidaria de 33 millones de pesos por irregularidades relacionadas con un convenio y un dictamen jurídico que causaron daños al erario.
En el SUPERISSSTE, nueve servidores públicos recibieron inhabilitaciones de 10 años y una sanción económica compartida de 18 millones de pesos por tramitar y pagar facturas sin autorización.
La Secretaría Anticorrupción precisó que estas resoluciones derivaron de investigaciones sustentadas en pruebas de faltas administrativas graves.
Asimismo, reportó sanciones por faltas no graves en 16 dependencias federales, entre ellas suspensiones, destituciones y amonestaciones.
La dependencia aclaró que los funcionarios y particulares sancionados conservan su derecho a impugnar las resoluciones conforme a la legislación vigente.