La trabajadora denuncia una cadena de omisiones institucionales; ha promovido 18 amparos y este lunes declaró como víctima ante la Fiscalía Anticorrupción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Siete años de juicio. Tres laudos a su favor que asegura siguen sin poder ejecutarse. Dieciocho amparos promovidos por presuntas omisiones de autoridades. Quejas ante Derechos Humanos, la Secretaría del Trabajo y órganos anticorrupción. Y, pese a todo, Marisol Uriegas sostiene que la justicia laboral en Tamaulipas sigue sin llegar.
Este lunes, el caso escaló nuevamente: Uriegas rindió declaración en calidad de víctima ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dentro de una denuncia de hechos por presuntos actos de corrupción relacionados con el prolongado conflicto laboral que mantiene.
La pregunta que lanza el caso es incómoda para las autoridades: ¿cuántas resoluciones favorables necesita obtener un trabajador para que finalmente se le haga justicia?
De acuerdo con la información proporcionada por la denunciante, durante siete años de litigio ha obtenido tres laudos favorables, pero éstos no han logrado ejecutarse.
Ante lo que considera una cadena de omisiones, señala que se han promovido 18 juicios de amparo para obligar a distintas autoridades a actuar.
Uriegas también reporta haber presentado dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, dos ante la Secretaría del Trabajo, dos ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Según denuncia, esos procedimientos tampoco han avanzado por sí solos al ritmo esperado, al grado de que se han promovido amparos por omisión relacionados con la actuación de varias de esas dependencias.
La trabajadora dirige además señalamientos contra actuaciones vinculadas con quienes han encabezado la Junta Especial Número 3 de Ciudad Victoria, dentro del expediente laboral.
EL COSTO YA NO ES SÓLO JURÍDICO
El desgaste del caso habría trascendido los tribunales.
Uriegas asegura contar con dictámenes médicos relacionados con discriminación, violencia y acoso laboral que atribuye a hechos ocurridos después de ser reinstalada en su empleo hace aproximadamente un año.
También fue canalizada al área de Medicina del Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por ello, para la trabajadora la pregunta ya no es únicamente cuándo terminará el expediente, sino cuánto cuesta conseguir justicia laboral en Tamaulipas.
Su respuesta es contundente: años de vida y salud.
¿AUTORIDADES LABORALES O DEFENSA DE FACTO DE LA EMPRESA?
Uriegas ha cuestionado públicamente la actuación de funcionarios de la estructura laboral estatal, entre ellos el secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi, y Juan Carlos Cortina, además de la actual titular de la junta en la que se lleva su procedimiento.
La denunciante considera que las presuntas omisiones y dilaciones han terminado favoreciendo en los hechos a Funerales El Refugio, empresa involucrada en su conflicto laboral.
Los señalamientos de corrupción o posible protección indebida son acusaciones de la parte denunciante y corresponde a las autoridades investigadoras determinar si existen elementos para acreditar responsabilidades.
Pero los números que presenta el caso son suficientes para encender las alarmas: siete años de litigio, tres laudos favorables y 18 amparos, mientras la trabajadora sostiene que continúa sin obtener una justicia efectiva.
Ahora el expediente también está en terreno anticorrupción.
La Fiscalía tendrá que determinar qué ocurrió y si las omisiones denunciadas responden solamente a una maquinaria burocrática incapaz de hacer cumplir sus propias determinaciones o si detrás existen conductas que ameriten responsabilidades.
Porque después de siete años, la pregunta para las autoridades laborales de Tamaulipas es inevitable:
Si una trabajadora gana tres veces y aun así no consigue que se cumpla, ¿quién está fallando: el sistema de justicia laboral o quienes tienen la obligación de hacerlo funcionar?
