Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El titular de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios en Tamaulipas, COEPRIS, Mario Rebilledo Urcádiz, reveló que la gran mayoría de los 57 anexos o centros de rehabilitación contra adicciones en el estado operan en condiciones deplorables.
“En Tamaulipas hay 57 anexos, y de acuerdo al resultado de un censo, la gran mayoría cuentan con una situación deplorable en cuestiones higiénicas, de programación de terapias e incluso, tratos inhumanos al interior de sus instalaciones”, explicó el funcionario de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.
Señaló que estos centros han sido escenario de violaciones graves a los derechos humanos y abusos físicos y psicológicos, además de presentar infraestructura insalubre, hacinamiento y falta de personal capacitado, operando en muchos casos al margen de la regulación estatal.
De acuerdo con el diagnóstico realizado por la dependencia, varios centros carecen de regulación adecuada y de un esquema de profesionalización, además de registrar violaciones a derechos humanos que calificó como “flagrantes”.
“Hay evidencia de ellos y además de eso hay situaciones de retención forzada dentro de los centros”, sostuvo.
Ante este panorama, Rebilledo Urcádiz adelantó que se trabaja en la elaboración de un manual regulatorio y que para el mes de abril se iniciará un acercamiento con cada uno de los 57 centros que operan en el estado.
La intención, explicó, es contar con información precisa sobre cuántos centros funcionan realmente en Tamaulipas, con el fin de regularlos y exigirles un aviso de funcionamiento o una licencia formal para operar.
“Había la necesidad de intervenir de manera interdisciplinaria y el gobernador Américo Villarreal Anaya nos dio la indicación muy precisa de trabajar en un programa en el que intervinieran 12 instituciones del gobierno”, señaló.
Expuso que uno de los primeros objetivos será la creación de manuales y puntos de intervención para los tratamientos, con el propósito de establecer un esquema de acompañamiento con los centros de rehabilitación.
“Es decir, buscar de una manera muy clara que la gobernanza pase hacia el lado profesional, que puedan tener acceso a la profesionalización de lo que en los centros se lleva a cabo y eso es lo que estamos buscando”, concluyó.